Plumazo:
Por Nayar Araiza López
La farsa de una jubilación inventada en la UAN
- El caso Ruvalcaba exhibe la vulnerabilidad de los juzgados laborales en Nayarit como un sistema descompuesto e incompetente
El tema UAN siempre “vende”. Todo lo que huela a polémica universitaria es oro molido para la prensa, que apuesta a que todo esté mal, corrupción, aviadores, porros, tabúes reciclados y la eterna sospecha sobre el mal manejo de recursos. Se repite el guion de siempre de contextualizar el pasado para distorsionar el presente.
Pero la realidad es otra. A la Rectora Norma Galván Meza le ha tocado cargar con los errores ajenos del pasado y con presiones externas que buscan ajustar cuentas. Al final, no encontraron nada más que un esfuerzo serio por enderezar el barco financiero, aun a costa de sacrificar prestaciones y aceptar políticas de control impuestas desde fuera, muchas de ellas basadas en interpretaciones equivocadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Público, la Ley de Educación, las normativas de la ASEN que se contrapuntean con la Ley Orgánica, la autonomía y los Contratos Colectivos. Aun así, la institución ha salido adelante.
En este contexto, algunos portales y páginas periodísticas han decidido inflar la historia de un “jubilado” que exige pago, de nombre Mario Alberto Ruvalcaba Manzo. Él asegura haber trabajado 36 años en la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera. La verdad es diferente, efectivamente dio clases algunos años, no más de 5. Pero en 2010 demandó a la UAN exigiendo jubilación con un documento sin validez, expedido por el exdirector Gerónimo Rodríguez Chávez, quien por torpeza o por amiguismo, por no decir “por pendejo”, le firmó una constancia de antigüedad, que pidió para otra cosa y que no tiene valor probatorio laboral, aunque la haya emitido un director.
Con esa hoja simple y con fotos, inició una demanda sin presentar lo elemental para realmente comprobar antigüedad, como lo son cargas horarias, recibos de nómina, nombramiento docente, contrato, retención de cuotas sindicales, porque simplemente no las tiene. Cualquier trabajador real de la UAN tiene esos documentos. Y, sobre todo, no necesita demandar para jubilarse, el SPAUAN ante solicitud por escrito realiza el trámite conforme al Contrato Colectivo.
Ruvalcaba no tiene nada, salvo la desfachatez de intentar cobrar 5 millones de pesos por una antigüedad inexistente. Para ponerlo en contexto, hay que aclarar que el bono real por antigüedad para un jubilado legítimo no pasa del millón, dependiendo de la categoría y los años trabajados, entre 600 al millón, pero no pasa de ahí.
El problema se agrava porque los jueces laborales del Estado fallaron a su favor en 2020, influenciados por un personaje resentido con la UAN. Aceptaron como válida una constancia que debió ser emitida por Recursos Humanos de la institución, y que ni siquiera sería necesaria si existieran nombramientos o recibos de nómina. El resultado, un laudo parcial y doloso, que de darse es un vil “atraco” a la Universidad que no está para regalar dinero con estas “marrullerías” de la autoridad laboral.
La UAN ya lo demandó por falsedad de documentos. Él, además, presume ser “fundador del SPAUAN” porque alguna vez presentó una planilla. Puede ser. Pero eso no convierte en verdad sus supuestos 36 años de servicio. Nadie lo recuerda, ni docentes, ni investigadores, ni egresados, ni jubilados de la misma escuela, que afirman que ni de estudiantes lo conocieron. Todavía se queja este sinvergüenza de que el SPAUAN no le quiere hacer valer sus derechos, pues por supuesto que no, que esperaba, que se valide una mentira.
Pretender que se le paguen millones y además una jubilación que nunca trabajó es un insulto a la inteligencia y a la trayectoria de quienes sí aportamos durante años al Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Todo lo sustenta en una constancia sin validez, emitida por alguien sin competencia para hacerlo según el Contrato Colectivo, el Reglamento de Personal Académico y la Ley Orgánica.
Este laudo no es justicia, es una estafa y una venganza, avalada por jueces incompetentes que han convertido los juzgados laborales de Nayarit en un circo, es una farsa de una jubilación inventada que exhibe la vulnerabilidad de los juzgados laborales en Nayarit como un sistema descompuesto e incompetente. Va.
