- Israel Santillán aseguró que su administración dará seguimiento al caso sin interferir en las indagatorias; fuerzas federales y estatales reforzaron los patrullajes en Bahía de Banderas
El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas informó que respetará las investigaciones y resoluciones de las autoridades en torno a la detención de elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal por parte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.
El presidente municipal, Israel Santillán Castañeda, señaló que su administración dará seguimiento puntual al caso, sin intervenir en las facultades de la Fiscalía ni de los órganos jurisdiccionales. Aseguró que se mantendrá el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas involucradas.
“Nadie está por encima de la ley. Si algún elemento incurrió en una conducta que deba ser sancionada, se tendrá que actuar conforme corresponda y respetar las determinaciones de las autoridades”, declaró el alcalde.
Santillán Castañeda indicó que el Ayuntamiento brindará acompañamiento a las familias de los agentes mientras continúan las investigaciones. Precisó que esta asistencia no implicará interferencia alguna en las indagatorias ni un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad de los detenidos.
El presidente municipal agregó que su gobierno acatará las resoluciones de las autoridades competentes. En caso de que se acrediten responsabilidades, dijo, se aplicarán las medidas administrativas y legales correspondientes.
Como parte de las acciones coordinadas de seguridad, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano realizan patrullajes en diferentes zonas del municipio, con el propósito de reforzar la vigilancia y proteger a la población.
La administración municipal sostuvo que mantendrá una postura institucional y respetará la reserva de las investigaciones, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución legal.
Finalmente, Santillán Castañeda afirmó que estas medidas se encuentran en consonancia con la política de combate a la corrupción impulsada en Nayarit por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
