Restituyen tierras al pueblo Wixárika: Claudia Sheinbaum y Miguel Ángel Navarro hacen historia en La Yesca
- Se reconocen más de 5 mil 900 hectáreas en favor de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan
En un hecho de gran relevancia histórica para los pueblos originarios del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezaron este jueves la presentación oficial del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, con la restitución de 5 mil 956 hectáreas de tierras a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, en el corazón de la Sierra Madre Occidental.
Durante la ceremonia celebrada en la comunidad Mesa de Huanacaxtle, la mandataria federal firmó el decreto de restitución de tierras y aseguró que este es apenas el inicio de una política de justicia social para los pueblos indígenas. Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso con el bienestar integral de la región, destacando acciones en infraestructura carretera, servicios de salud, acceso a la educación y respeto a los sitios sagrados del pueblo Wixárika.
A su vez, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero subrayó que esta restitución representa “el pago de una deuda histórica” con los pueblos originarios, y reconoció la voluntad política del gobierno federal para impulsar un acto que dignifica la cultura, el territorio y los derechos indígenas, consolidando así el proyecto de la Cuarta Transformación en las comunidades más apartadas y olvidadas del país.
De acuerdo con información difundida por el Gobierno de México, el Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika es resultado de más de una década de lucha legal y social de las comunidades, y representa un hito en la defensa del territorio indígena. Este plan incluye la entrega paulatina de 11 sentencias agrarias a favor del pueblo Wixárika, el fortalecimiento de las instituciones comunitarias, así como el reconocimiento y protección de su cosmogonía y formas de vida tradicionales, en colaboración con las dependencias federales y estatales.
Con este acto, el Gobierno de México y el Gobierno de Nayarit dan un paso firme hacia la reconciliación histórica con los pueblos originarios, privilegiando la justicia por encima del olvido.
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