Por Nayar Araiza López
Este 10 de octubre, los ejidatarios de Valle de Banderas enfrentan una decisión crucial: romper con años de estancamiento, opacidad y corrupción en el manejo de los ingresos del ejido, o perpetuar prácticas que han frenado el desarrollo del sector primario, mientras enriquecen a unos pocos a expensas de los recursos que pertenecen a todos.
El Ejido de Valle de Banderas, uno de los más grandes y con mayor relevancia en el país, cuenta con 400 ejidatarios. Con una dirección adecuada, asesoría empresarial y un plan de producción bien estructurado, es posible recuperar la productividad de las tierras agrícolas y de pastoreo, así como aprovechar las áreas de uso común en cerros y montañas para el desarrollo de proyectos ecoturísticos. Todo esto, sin caer en la trampa de la venta indiscriminada de parcelas y constancias que sólo benefician a unos cuantos y que carecen de transparencia.
Gerardo Aguirre Encarnación, ejidatario y empresario con un sólido liderazgo social, es esa alternativa que el ejido necesita. Exregidor del Ayuntamiento y comprometido con su comunidad, Aguirre Encarnación propone no solo reactivar proyectos productivos que generen beneficios para todos, sino también garantizar seguridad social, un seguro médico y de vida para los ejidatarios que hoy carecen de estos derechos básicos. En un ejido con importantes activos y recursos, resulta inaceptable que existan familias que no pueden costear siquiera alimentos o medicinas.
Ya es tiempo de que los ejidatarios ejerzan su voto sin miedo a represalias o a la pérdida de derechos—aquella antigua práctica represiva que la actual mesa directiva ha usado para silenciar disidencias y que ya no tiene cabida en la modernidad. Los ejidatarios de Valle de Banderas tienen la última palabra para dar paso a un verdadero desarrollo, aprovechando el activo más valioso: la tierra y la montaña que son su herencia y futuro.
El cambio está en sus manos. Va.
