Plumazo:
Por Nayar Araiza López
Tuxpan en manos del garrote y de un «tonto»
*Un gobierno que confunde autoridad con abuso
*Carlos Alberto Prieto Godoy, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit brilla por su ausencia
El gobierno municipal de Tuxpan está bajo el mando de un «tonto» como el Presidente Municipal Gabriel Correa, que dejó de ser torpe para convertirse en un riesgo público. No es solo incompetencia, es una mezcla tóxica de ignorancia jurídica, autoritarismo de rancho y una desesperación recaudatoria que ya raya en el ridículo.
El Juzgado Cívico no interpreta la ley, la distorsiona, manejado por «abogadas» egresadas de «universidades patito». La Policía Municipal no cuida a la gente, la hostiga. Y los regidores, que cobran más de cien mil pesos mensuales, observan todo desde su cómoda invisibilidad, sin mover un dedo para actualizar la normativa municipal que ellos mismos deberían vigilar.
El caso más reciente es una vergüenza que retrata de cuerpo entero a esta administración, ya que se ventiló en redes sociales y en el diario Correo del Pacífico, con reporte de Arturo Flores «el Gabacho», informando que una mujer de la tercera edad fue detenida por compartir unas cervezas con su hermano en la cantitna «Los Arcos», que tiene yo creo unos 50 años de existencia.
Y es que el comandante de la patrulla irrumpió exigiendo un “tarjetón de salud”, bajo la absurda instrucción de que toda mujer en una cantina debe portarlo. Esa orden no solo es ilegal, es profundamente misógina, porque el gobierno municipal decidió que «cualquier mujer en un bar» es automáticamente sospechosa, automáticamente “prostituta”, automáticamente culpable de «prostituirse», qué otra explicación puede haber ante tal acción, que los «cuicos» no se cansaban de repetir «son órdenes», me pregunto ¿quién dio la orden? ¿Manases, Ludmila, el Gobernador? yo lo dudo.
Y no es un hecho aislado. Empresarias, dueñas de bares, clientes, trabajadores, ciudadanía en general y ahora mujeres adultas mayores han sido detenidos bajo el mismo criterio medieval. En ciudades turísticas como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Ensenada, Puerto Peñasco, Guadalajara o Cancún, sería impensable ver a policías armados irrumpiendo en restaurantes para revisar “tarjetones de salud”. En Tuxpan, en cambio, la arbitrariedad se volvió rutina.
La ley es clara, la autoridad municipal no puede entrar armada a bares o restaurantes sin orden judicial ni acompañamiento de la autoridad administrativa. Y aun si existiera un reglamento o Ley, que nadie ha visto, lo procedente sería clausurar el establecimiento, no humillar y detener a los clientes.
Lo que sí es evidente es la desesperación del tonto alcalde Gabriel Correa por recaudar. Cuando un gobierno se queda sin dinero y sin ideas, recurre al garrote. Y cuando recurre al garrote sin ley, lo único que demuestra es que perdió el rumbo.
Tuxpan no merece un gobierno que confunda autoridad con abuso, ni un alcalde que crea que gobernar es multar. Merece instituciones que respeten la ley, no que la usen como arma.
Mientras tanto Carlos Alberto Prieto Godoy, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit brilla por su ausencia e incompetencia, ya que ni cuenta se da, que en su propio pueblo, porque es tuxpeño, la arbitrariedad y el abuso del Gobierno Municipal están a la orden del día, además de que las instalaciones de la cárcel son una inmundicia de mierda, que violan los más elementales derechos humanos. Va.
